Un juez federal bloquea la separación de familias migrantes durante los próximos 8 años

Un juez federal de San Diego ha tomado medidas para poner fin a la separación de familias migrantes en la frontera de Estados Unidos durante los próximos ocho años, evitando una posible reinstauración de una política implementada por el ex presidente — y potencial candidato presidencial republicano para 2024 — Donald Trump.

El 8 de diciembre, el juez de distrito Dana M. Sabraw, del Distrito Sur de California, aprobó provisionalmente un acuerdo alcanzado en octubre entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y las familias representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés)

El acuerdo concluyó la demanda colectiva Ms. L. vs. U.S. Immigration and Customs Enforcement, presentada hace casi siete años en nombre de unos 4,500 a 5,000 niños y sus familias, que fueron separados a la fuerza bajo lo que la administración Trump llamó su política de “tolerancia cero” sobre la inmigración no autorizada en la frontera de Estados Unidos.

Sabraw había ordenado poner fin a las separaciones en junio de 2018, y el entonces presidente Trump las había suspendido por su cuenta tras la indignación internacional.

Entre los que se pronunciaron sobre esto en ese entonces estaba el obispo Joe S. Vásquez de Austin, Texas, y entonces presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, quien en una declaración del 1 de junio de 2018 dijo que “separar por la fuerza a los niños de sus madres y padres es ineficaz para los objetivos de disuasión y seguridad y contrario a nuestros valores católicos”.

“La unidad familiar es una piedra angular de nuestro sistema de inmigración estadounidense y un elemento fundacional de la enseñanza católica”, dijo el obispo Vásquez en su declaración en ese momento. “Los niños no son instrumentos de disuasión, sino una bendición de Dios”.

En su fallo de 2018, Sabraw había ordenado al gobierno que reuniera a los niños y familias afectados en un plazo de 30 días — desencadenando un proceso caótico que reveló que los niños habían sido colocados en refugios en todo el país y que las bases de datos del gobierno para rastrearlos que no estaban vinculadas, y – según reportes de medios como Los Angeles Times, muchos de los refugios no sabían quiénes eran sus padres o cómo encontrarlos.

En virtud del acuerdo del juicio, las familias que fueron separadas en el 2018 podrán optar a hasta tres años de libertad condicional humanitaria en Estados Unidos, reunificación a expensas del gobierno estadounidense, un año de alojamiento, tres años de asesoramiento y asistencia jurídica en el tribunal de inmigración.

Sin embargo, el acuerdo no prevé una compensación económica para las familias afectadas, algo que el gobierno de Biden consideró en 2021 pero que finalmente optó por no aplicar.

En virtud del acuerdo aprobado provisionalmente este 8 de diciembre, políticas de separación de familias migrantes similares a las de Trump estarían restringidas hasta diciembre de 2031.

Los niños aún podrían ser separados de sus padres bajo circunstancias limitadas — como sospechas de maltrato infantil, condenas penales graves del progenitor o dudas sobre la afirmación del adulto de ser el progenitor real.

Por Gina Christian, OSV News

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