Informe del Vaticano destaca progresos realizados en materia de salvaguardia
La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores ha dedicado su primer informe anual a todas las víctimas y sobrevivientes de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica, destacando los progresos realizados en materia de protección y las recomendaciones para corregir las lagunas existentes.
“El trabajo de la comisión — incluido este informe — es y siempre ha sido el reconocimiento y la inclusión de las víctimas y supervivientes de abusos en la vida de la Iglesia”, dijo el cardenal Sean P. O’Malley, presidente de la comisión pontificia, en una conferencia de prensa en el Vaticano el 29 de octubre.
“Su sufrimiento y sus heridas nos han abierto los ojos al hecho de que, como Iglesia, hemos fallado en la atención a las víctimas, que no los hemos defendido y que nos hemos resistido a comprenderlos cuando más nos necesitaban”, dijo.
“Alabamos su valiente testimonio y, al mismo tiempo, reconocemos que probablemente están cansados de palabras vacías”, dijo el cardenal. “Nada de lo que hagamos será nunca suficiente para reparar plenamente lo sucedido, pero esperamos que este informe y los que vendrán, compilados con la ayuda de las víctimas y los supervivientes en el centro, ayuden a asegurar el firme compromiso de que estos hechos no vuelvan a ocurrir en la Iglesia”.
El cardenal y otros miembros de la comisión presentaron su informe anual piloto, una herramienta encargada por el Papa Francisco para medir y documentar el progreso de la Iglesia en la protección de menores y adultos vulnerables en todo el mundo.
“El informe piloto no pretende ser una auditoría de la incidencia de los abusos en los contextos eclesiales”, señala el informe. “Esto se debe especialmente a limitaciones de tiempo y capacidad” y “a la falta de datos fiables en algunos países, sobre todo de estadísticas fiables sobre el número de niños que sufren abusos sexuales”.
“Es de esperar que en futuros informes se aborde la incidencia de los abusos, incluida la cuestión de los avances en la reducción y prevención de los abusos”, lo que podría cumplir mejor “la función de auditoría a largo plazo de la comisión”, decía.
El informe de 100 páginas presenta una “perfilación detallada” de unas dos docenas de entidades eclesiásticas. Hasta el momento, el informe se ha publicado en italiano e inglés, con resúmenes ejecutivos en tres idiomas.
La comisión recopiló información sobre la salvaguardia recibida de las 17 conferencias episcopales cuyos miembros visitaron Roma en sus visitas “ad limina” en 2023, y también envió cuestionarios, revisó las directrices de protección e intercambió información con: las Misioneras de la Consolata y los sacerdotes y hermanos de la Congregación del Espíritu Santo ; los dicasterios para la Doctrina de la Fe y el Clero; Caritas Internationalis, la confederación de agencias humanitarias de la Iglesia con sede en el Vaticano; y otras tres entidades de Caritas, una a nivel regional, otra a nivel nacional y otra a nivel diocesano.
El informe también recoge información y “tendencias” de los cuatro grupos regionales de expertos locales de la comisión. Entre las tendencias globales positivas que señalaron los grupos se encuentran una mayor colaboración entre las conferencias episcopales y religiosas en materia de salvaguardia y un cambio hacia la comprensión de que la salvaguardia consiste en proteger los derechos humanos y la dignidad.
Algunos de los desafíos globales que los grupos encontraron incluyen: largas demoras en el procesamiento de casos de abuso por parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe; falta de recursos para la formación en salvaguarda; clericalismo y priorización de la reputación de la Iglesia sobre el apoyo a víctimas y supervivientes; falta de medidas efectivas en las actuales actividades de salvaguarda para abordar el abuso online; y formación inadecuada para ayudar al clero a comprender y promover la salvaguarda.
“Aunque se han realizado algunos estudios serios sobre la prevalencia de los abusos en las iglesias locales” de Europa, “persiste la ausencia de estadísticas fiables sobre la magnitud de los abusos cometidos por clérigos y religiosos en varias partes de la región”, señaló el informe.
De hecho, la falta de datos o la imposibilidad de acceder a los datos disponibles sobre abusos sexuales cometidos por miembros de la iglesia, según el informe, es un obstáculo importante para el enfoque empírico del que depende la comisión para formular recomendaciones y reforzar las políticas.
Los datos son los que ayudan a la comisión a saber “qué iniciativas están funcionando y cuáles se están quedando cortas”, escribió el cardenal O’Malley en el informe. Al recopilar los progresos realizados y las lagunas por colmar, la comisión pretende fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, “y ser un signo de nuestro compromiso para restaurar la esperanza y la confianza de las víctimas”, sus familias y las comunidades.
La comisión espera que la mayor parte de estos informes anuales se base en la información que consiga recibir — ya que no todos los obispos diocesanos respondieron al cuestionario de la comisión — de los obispos antes y durante sus visitas ad limina a Roma. Además, cada año incluirá en el cuestionario a otros dicasterios, institutos religiosos y asociaciones católicas laicales.
El informe de la comisión proponía siete áreas clave de estudio y acción, subrayando que su personal y sus expertos estaban disponibles para ayudar a todos los niveles de la Iglesia.
Entre las principales prioridades, el informe señala: “el acceso a la verdad”, especialmente para las víctimas que desean información sobre sus denuncias de abusos y la situación de su presunto agresor; una definición clara y uniforme de lo que constituye un “adulto vulnerable”; un protocolo compartido que aclare las diferentes responsabilidades de los dicasterios de la Curia Romana y de la Iglesia local; “la necesidad de un procedimiento disciplinario o administrativo que ofrezca una vía eficaz para la dimisión o destitución” de los líderes eclesiásticos; y promover la visión teológico-pastoral de la dignidad del niño y los derechos humanos en relación con los abusos, quizá con una encíclica dedicada a la protección de los niños y los adultos vulnerables en la vida de la Iglesia.
Un objetivo clave del informe anual es seguir y fomentar “la conversión pastoral, un cambio de corazón de superación de nuestro pasado pecaminoso”, al tiempo que se anima a seguir dando pasos, reconociendo que “aún queda mucho por hacer”, dijo el cardenal O’Malley.
Conocido como “justicia conversional”, el proceso de conversión debe incluir la práctica de decir la verdad, perseguir la justicia, reparar y garantizar que los abusos no se repitan, “en otras palabras, la reforma institucional”, dijo Maud de Boer-Buquicchio, miembro de la comisión y abogada de los Países Bajos, que fue relatora especial de la ONU sobre la venta y explotación sexual de niños de 2014 a 2020.
Juan Carlos Cruz, otro miembro de la comisión, ejecutivo de comunicación y superviviente de abusos, dijo que es cierto que el informe anual “no es perfecto” y es solo “la punta del iceberg” con mucho más por hacer.
Pero, dijo, “yo me he dado cuenta de que hay muchísima más gente buena en la Iglesia, muchísima más gente buena, que la mala”.
“Lo que pasa es que, si los buenos no hablan, y no dicen y no hacen cosas como este reporte, los malos son muy buenos en hacer sus maldades, entonces ganan”, dijo. “Entonces los buenos tienen que seguir hablando”.
Animando a otras víctimas a contar sus historias, Cruz dijo que la gente debe seguir “poniendo luz donde tantos querían que hubiese oscuridad”.
Notas: Para leer el resumen ejecutivo (en español) o una copia del informe (en inglés), vaya a https://www.tutelaminorum.org/annual-report/.
Por Carol Glatz, Catholic News Service
